El método de ponderación tiene su origen en el derecho penal, específicamente en las llamadas causas de justificación.(1)
En las situaciones a que se refieren los casos a que se refiere este Tema, se encuentran dados los elementos para considerar que existe un hecho punible, un delito. En ambos ejemplos una persona dio muerte a otra. Las víctimas de esos hechos tienen derecho a que el Estado las proteja en su derecho a la vida (art. 43). El Estado asume ese deber de protección a través del derecho penal, es decir, amenaza con imponer un castigo severo, generalmente de privación de libertad a las personas que infrinjan un daño a ese bien jurídico (la vida).
Sin embargo, es posible que en los ejemplos citados la situación hubiera sido generada por la necesidad de la persona de defenderse a sí misma o a otros de una agresión (legítima defensa). En ambos ejemplos, el sujeto actuó para resguardar su vida o la de terceros. Estos intereses también se encuentran protegidos por la Constitución.
En los casos anteriores se produce un conflicto de principios: Las normas que se encuentran en conflicto son el derecho a la vida del agresor, el cual en su función de protección, exige que el Estado actúe eficazmente, como por ejemplo, a través del derecho penal, castigando a quien le quitó la vida, por una parte, y por otra el bien jurídico que el agredido procuraba defender (su propia vida, la de otros o su propiedad). El juez debe decidir si impone o no un castigo a quien, para defenderse de una agresión ilegítima, causó un daño al agresor. Para ello, el juez penal realiza un ejercicio de ponderación de las normas que se encuentran en conflicto
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(1) Las causas de justificación más conocidas son sin duda, la legítima defensa y el estado de necesidad. Pero hemos sostenido la existencia de causas de justificación no escritas, incluso válidas para el derecho administrativo sancionatorio, en: Alexander Espinoza, “Las causas de justificación como eximentes de responsabilidad administrativa y disciplinaria”
Fuente: Espinoza, Alexander, “Principios de Derecho Constitucional”, ISBN:980-12-2254-9, Instituto de Estudios Constitucionales, Caracas 2006.
En las situaciones a que se refieren los casos a que se refiere este Tema, se encuentran dados los elementos para considerar que existe un hecho punible, un delito. En ambos ejemplos una persona dio muerte a otra. Las víctimas de esos hechos tienen derecho a que el Estado las proteja en su derecho a la vida (art. 43). El Estado asume ese deber de protección a través del derecho penal, es decir, amenaza con imponer un castigo severo, generalmente de privación de libertad a las personas que infrinjan un daño a ese bien jurídico (la vida).
Sin embargo, es posible que en los ejemplos citados la situación hubiera sido generada por la necesidad de la persona de defenderse a sí misma o a otros de una agresión (legítima defensa). En ambos ejemplos, el sujeto actuó para resguardar su vida o la de terceros. Estos intereses también se encuentran protegidos por la Constitución.
En los casos anteriores se produce un conflicto de principios: Las normas que se encuentran en conflicto son el derecho a la vida del agresor, el cual en su función de protección, exige que el Estado actúe eficazmente, como por ejemplo, a través del derecho penal, castigando a quien le quitó la vida, por una parte, y por otra el bien jurídico que el agredido procuraba defender (su propia vida, la de otros o su propiedad). El juez debe decidir si impone o no un castigo a quien, para defenderse de una agresión ilegítima, causó un daño al agresor. Para ello, el juez penal realiza un ejercicio de ponderación de las normas que se encuentran en conflicto
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(1) Las causas de justificación más conocidas son sin duda, la legítima defensa y el estado de necesidad. Pero hemos sostenido la existencia de causas de justificación no escritas, incluso válidas para el derecho administrativo sancionatorio, en: Alexander Espinoza, “Las causas de justificación como eximentes de responsabilidad administrativa y disciplinaria”
Fuente: Espinoza, Alexander, “Principios de Derecho Constitucional”, ISBN:980-12-2254-9, Instituto de Estudios Constitucionales, Caracas 2006.
